Fuente: El Norte de Castilla, Valladolid.
El pequeño de dos años, Alejandro S. M., que murió ahogado en julio de 2008 en una piscina portátil del Parque de Aventuras Juan de Austria, mientras participaba con otros niños en una actividad veraniega organizada por el Colegio Sagrado Corazón de Valladolid, estuvo unos 15 minutos en el agua hasta que fue localizado por una monitora de la empresa adjudicataria que explota esta instalación municipal de ocio.
Esa es la conclusión a la que llegó la forense judicial y que explicó ayer en el juicio que quedó visto para sentencia contra los seis empleados de la empresa La Ballena, para los que la Fiscalía mantuvo ayer su petición de 2 años y cinco meses de prisión (14,5 años en total) por un delito de homicidio imprudente.
La forense indicó que el niño murió asfixiado por sumersión y rechazó que Alejandro hubiera estado una hora en el fondo de la piscina después de que el resto de los 31 menores hubieran salido de la misma. Tanto esta perito judicial como el especialista en medicina legal, Curiel López de Arcaute, que declaró a propuesta de la defensa de una monitora acusada, indicaron que el hecho de que el niño hubiera respondido a los estímulos de recuperación de los sanitarios del Servicio 112, y tuviese un color blanquecino eran indicios de que el pequeño llevaba poco tiempo dentro del agua. La autopsia reveló que tampoco los signos de las palmas de manos y pies indicaban una estancia de tiempo superior a los 60 minutos.
Las defensas de las tres monitoras acusadas sostienen que Alejandro salió de la piscina tras el baño, y que fue ya dentro del vestuario del parque cuando se produjo un 'despiste' y el menor salió corriendo para dirigirse a la piscina, de un metro de profundidad, en donde habría caído. Los tres abogados defensores de las monitoras pidieron la absolución por considerar que el trágico accidente no puede imputarse a las cuidadoras. Uno de ellos, aseguró que no actuaron con negligencia «ya que es prácticamente imposible vestir a tantos niños, atarles los cordones de los zapatos y vigilar al resto de menores al mismo tiempo».
Dilación
En su defensa, otro de los letrados llegó a decir que «alguna responsabilidad» debían de tener los monitores Corazonistas que bajaron también al vestuario para ayudar a las empleadas del parque, «y
a lo mejor no prestaron la atención suficiente», apostilló. En el caso de que la jueza de lo Penal número 2 apreciase culpabilidad de las monitoras encargadas de los niños aquel día, las defensas solicitaron que la sentencia debe de recoger la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial «ha estado parado casi dos años» por los recursos de la familia y la Fiscalía, y ello ha perjudicado a todos los procesados.
El fiscal, sin querer «hacer leña del árbol caído» respecto a este trágico suceso, mantuvo su petición global de 14,5 meses de cárcel para los seis acusados, incluidos los tres administradores de la empresa. Respecto al principal gerente de esta sociedad, Roberto G. H., el fiscal le calificó como «cabecilla
de esa desorganización y descoordinación general» del Parque de Aventuras por la falta de medios y la ausencia de capacitación profesional.
«
Ni siquiera había un socorrista a pesar de que la piscina es un elemento de riesgo. Y si hubieran contado con más monitores, o permitido la entrada del personal del colegio para ayudar, quizás el suceso se habría evitado», dijo el fiscal. El abogado de los empresarios rechazó la mala gestión ya que el Ayuntamiento la renovó cada año. A pesar de su alegato por el hecho negligente, «aunque no malicioso», el Ministerio Público aceptó la posibilidad de que la condena por homicidio sea inferior a los dos años para evitar la cárcel.
El abogado de los padres de Alejandro dijo que hubo una falta de cuidado en la actividad de la piscina, de la que eran responsables tanto las trabajadoras como la empresa. Pese a ello, la petición de condena fue inferior a la del fiscal. Para las monitoras, solicitó un año y tres más de inhabilitación profesional; y para los gestores, 6 meses de cárcel y 18 meses de inhabilitación. Los padres del pequeño mostraron, a través de su letrado, su deseo de que ninguno de los seis imputados por el fallecimiento de su hijo ingrese en prisión. Así lo explicó el abogado en su informe final de conclusiones, momento en el que trasladó a la sala el deseo de los progenitores de que, en el caso de que fueran condenados, «esperan que ninguno entre en prisión».
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